ANÁLISIS FODA

AMENAZAS

Eliminación de las ventajas fiscales, que se cree son un motor principal de la base manufacturera. Si se promulga alguna legislación que niegue el estatus de Puerto Rico como una jurisdicción extranjera para los impuestos sobre la renta, o si se aumentaran las tasas del impuesto sobre la renta a las CFC, eventos anteriores sugieren que Puerto Rico y la región perderían empleos de manufactura.

Mayor emigración de mano de obra calificada. Antes de los terremotos y la pandemia, los indicadores económicos eran positivos. En 2019, Puerto Rico registraba un pequeño aumento en el GDP. Muchos stakeholders, así como instituciones de investigación, atribuyen la emigración de mano de obra calificada a las malas condiciones económicas en la región.

La falta de actualización de la infraestructura crítica y de un adecuado mantenimiento fue señalado por los stakeholders como una amenaza. Estos señalaron que la AEE se ha olvidado de modernizar la infraestructura crítica en la región, y de mantenerla adecuadamente. Otros mencionaron, además, proyectos que llevan esperando hace mucho tiempo y que afectan sus economías. Entre ellos, el proyecto de dragado del río y la bahía Guayanilla; y un proyecto para el manejo sustentable y responsable del Acuífero Sur. Este último es un proyecto vital para gestionar eficazmente los recursos hídricos durante las sequías en la región sur, algo que afecta tanto la calidad de vida como la economía.

Mapa 3: Monitor de Condiciones de Sequía de EE. UU. en Puerto Rico, Junio 2020, NOAA-NIDIS. El área del mapa que aparece en color naranja, y que indica Condiciones Severas de Sequía, cubre por completo la región del SPREDD.

Se espera que uno de los efectos principales que tendrá la implementación de este CEDS es que la organización que mantiene el SPREDD ayude a los alcaldes y a otros stakeholders de la región sur a identificar problemas infraestructurales que les impacten económicamente, o que no les permiten crecer. Principalmente, aquellos que tienen que ver con el mantenimiento y la mitigación de riesgos y peligros en la infraestructura crítica. La colaboración será crucial para encontrar soluciones alcanzables a los problemas identificados.

La región es susceptible a más desastres naturales (huracanes, terremotos, sequías), así como a riesgos adicionales relacionados con el cambio climático, como lo es el aumento en el nivel del mar, entre otros. Aunque se trata de una amenaza, los principales empleadores de la región parecen comprender ciertos componentes de los desastres naturales. Por ejemplo, el siguiente es un factor de riesgo que fue señalado en el más reciente informe anual de Medtronic: “Además, varios de nuestros productos clave se fabrican o se esterilizan en una instalación en particular, con instalaciones alternativas limitadas. Si ocurre un evento que resulte en daño o en el cierre de una o más de tales instalaciones -como el daño causado por el huracán María en Puerto Rico en septiembre de 2017- es posible que no podamos fabricar o esterilizar los productos relevantes en los niveles anteriores o en lo absoluto. Debido al tiempo necesario para aprobar y autorizar una instalación de manufactura o esterilización, es posible que no haya disponible un tercero que, de manera oportuna, reemplace la capacidad de producción, en caso de que se pierda la capacidad de manufacturar o esterilizar».

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha declarado que el crédito que reciben las empresas estadounidenses por pagar impuestos al consumo bajo la Ley 154 de Puerto Rico es cuestionable y nunca tuvo la intención de ser permanente. En octubre de 2010, el Gobierno Estatal de Puerto Rico (GPR) promulgó la Ley 154-2010 para establecer un Impuesto al Consumo del 4 % sobre ciertas transacciones de servicios y bienes muebles entre entidades relacionadas, por años contributivos iniciados después del 31 de diciembre de 2010. La Ley 154 fue aprobada sin audiencias, y las empresas afectadas expresaron su preocupación sobre la capacidad de acreditar los impuestos de la Ley 154 contra los impuestos sobre la renta de EE. UU. ya que es un impuesto de uso y consumo, y no un impuesto sobre ingreso. En abril de 2011, el IRS emitió el Aviso 2011-29, que esencialmente declaró que no cuestionaría la capacidad crediticia del 4 % de Impuesto al Consumo como un crédito fiscal extranjero, ya que los contribuyentes han asumido la posición de que el impuesto de uso y consumo es un impuesto en lugar de un impuesto sobre el ingreso (tax in lieu). Algunos han calificado la posición del IRS sobre este tema como un «rescate por la puerta trasera»23 , ya que la capacidad crediticia creó efectivamente un subsidio federal para el impuesto de uso y consumo pagado a Puerto Rico. Aunque originalmente estaba programado para eliminarse el 31 de diciembre de 2016 (cerca del final de la administración Obama), el impuesto de uso y consumo fue extendido hasta el 31 de diciembre de 2027 por la administración del exgobernador Ricardo Rosselló, a través de la Ley Núm. 3 de 2017.

El exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, visitó Puerto Rico en marzo de 2018 y comentó públicamente que la capacidad crediticia del impuesto de uso y consumo de la Ley 154 no tenía la intención de ser permanente y que la administración Trump tenía la intención de poner fin a las disposiciones del Aviso 2011-29; sin embargo, esto no ocurrió. La administración Biden no ha indicado ninguna posición sobre este tema. Sin la capacidad de acreditar estos pagos de impuesto de uso y consumo contra los pagos de impuestos sobre ingreso de EE. UU. la reacción de las industrias farmacéuticas y de dispositivos médicos es incierta.

Los bloqueos continuos o nuevos, relacionados con la pandemia, podrían diezmar ciertos sectores de la economía regional. Turismo, Alojamiento y Servicios de Alimentación serían los sectores más afectados. En la actualidad, cerca de 5,000 personas, o el 8 % de la base de empleo, están empleadas en estos sectores.
 

 

23 Reuters ‘Backdoor bailout’ boosts Puerto Rico’s revenues February 10, 2014